Criminalización de la protesta: Movilizaciones y conflicto en Jujuy
Tras los sucesos ocurridos en la provincia del norte con respecto al rechazo a la reforma surge el interrogante acerca de los límites que presentan los cambios sobre la constitución provincial y en su impacto en los derechos ya adquiridos.
En los últimos meses fue noticia en la mayoría de medios de comunicación la violenta represión en la provincia de Jujuy. Ahora, ¿ A qué se debe la protesta de los ciudadanos?
En principio, podemos identificar dos principales motivadores. Por un lado, “ los obreros de tiza”: el paro docente. Se manifestaron miles de trabajadores a la par de los gremios,en reclamo de una mejora salarial. Participaron las organizaciones Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y la Asociación de Educadores provinciales (ADEP), que fueron acompañados por grupos de familias , entre otros. Realizaron movilizaciones dentro de la capital y cortes de ruta.
Por otro lado, en paralelo, entraba en fervor los reclamos de determinados actores sociales en rechazo a la Reforma Constitucional, impulsada por el oficialismo jujeño, la cual expresa en uno de sus artículos la prohibición de la protesta social, entendida como formas no convencionales de manifestarse, es decir, recorte de calles, rutas o usurpación de edificios públicos.
El ex gobernador, Gerardo Morales, quien ocupó el cargo durante 8 años y es parte constituyente de la Reforma Constitucional, fue quien promovió las principales modificaciones de la carta magna, entre las que se encontraban no sólo la prohibición de la protesta, sino también la eliminación del tribunal de cuentas, la jerarquización del derecho a la propiedad privada y el despojo a los pueblos originarios, a la par de un interés sobre la adquisición de esas tierras para el Estado, atribuido a la extractivización de Litio, cuya producción se encuentra en auge para la exploración y actividad minera. Sumado a las críticas que podríamos formular al contenido de esta reforma, el proceso de las modificaciones del texto constitucional que se puede catalogar como apresurado y con escasez de debate, ya que fue aprobado en un plazo ampliamente corto para beneficio de unos pocos.
Podemos cuestionarnos las características represivas que frecuentan las gestiones de derecha, como se puede clasificar el gobierno de Gerardo Morales. Desde el comienzo de las protestas, la represión violenta fue en un aumento constante por parte de las fuerzas policiales, dejando un saldo de 170 heridos y 68 detenidos. La criminalización de la protesta social no es un suceso nuevo, es una de las herramientas antidemocráticas que se presentan en la escena política ante la falta de legitimidad.
La búsqueda de ascenso de Morales al poder, convirtiéndose en una figura de trascendencia nacional, lo llevó a compartir fórmula presidencial, como candidato a vicepresidente, con Rodríguez Larreta, el cual lo felicitó por las medidas tomadas ante las represiones en la provincia junto con la conducción de Juntos por el Cambio, lo que le permitió legitimar el accionar policial a nivel nacional. No sólo se profundiza la “grieta” que se abre en base a los desacuerdos y las posiciones ideológicas entre partidos, sino que representa un retroceso en relación a derechos ya adquiridos.
Nadie discute sobre las acciones cruentas llevadas en la provincia, en una democracia es prioritario que los ciudadanos cuenten con libertad de expresión, es un derecho que incluye la posibilidad de manifestarse pacíficamente y poner en agenda el descontento ante medidas que pueden tomar los responsables del gobierno. Después de varias semanas, los docentes se han manifestado en protesta de los heridos, de la represión, de la mejora de salarios y por una sociedad más justa, incluso hasta la actualidad existen reclamos y sus solicitudes. En el Estado pesa la obligación de garantizar el orden público pero a su vez, de delinear los límites de su accionar, articular las discrepancias asegurando protección a los manifestantes en caso de actitudes violentas.
Lo que nos invita a cuestionarnos son los excesos que genera la criminalización de la protesta, lejos de fortalecer las instituciones democráticas, producen un debilitamiento del proceso democrático, donde incluso en ocasiones las expresiones pacíficas de los ciudadanos terminan siendo reprimidas ferozmente.
Por Camila Aguirre
